La Corporación Chilena de la Madera -Corma-, expuso este martes ante el Comité de la Sección 301 del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), en Washington D.C., para solicitar formalmente que la industria forestal chilena quede excluida de un eventual arancel de 12,5% a productos provenientes de países vinculados al trabajo forzoso.
Durante su intervención, realizada en el marco de las audiencias de los expedientes USTR-2026-0265 y USTR-2026-0266, el presidente del gremio, Rodrigo O’Ryan, afirmó que la industria forestal chilena cumple con los más altos estándares laborales y de sostenibilidad, y tiene un estricto cumplimiento de las leyes laborales chilenas, las cuales son muy exigentes y que “no existe evidencia que vincule a las exportaciones forestales chilenas con trabajo forzoso”, argumento que sustenta la revisión arancelaria de EE.UU.
“Apoyamos plenamente la eliminación del trabajo forzoso del comercio internacional. Sin embargo, el arancel propuesto afecta a productos forestales chilenos respecto de los cuales no existe ningún hallazgo ni evidencia de que hayan sido producidos bajo esas condiciones. El sector forestal chileno cuenta con sólidos estándares de seguridad laboral, programas de inclusión femenina y políticas de prevención de la discriminación y el acoso (Ley Karin). En definitiva, somos una industria que está al otro lado de la cancha, con espeto por las personas, el trabajo decente y la integridad”, afirmó.
Fuerte integración entre USA y Chile
O’Ryan destacó la estrecha integración que existe entre la industria forestal chilena y la economía estadounidense. Explicó que las exportaciones forestales hacia ese mercado alcanzaron cerca de US$1.000 millones en 2024, principalmente en molduras, paneles, chapas, madera aserrada, productos laminados, pulpa y papel.
Asimismo, señaló que empresas chilenas como Arauco y CMPC mantienen más de una docena de instalaciones industriales en Estados Unidos, generan alrededor de 2.000 empleos directos y registran ventas anuales cercanas a los US$2.000 millones dentro de ese país.
En su exposición también recordó que importantes inversiones estadounidenses participan activamente en el sector forestal chileno, tanto mediante empresas que operan en Chile como son Promasa y Foractionn Chili, así como a través de inversionistas institucionales, entre ellos fondos de pensiones y dotaciones universitarias, propietarios de cerca de 190 mil hectáreas de bosques plantados, los cuales representan el 10% del total en Chile.
“Un arancel que debilita la actividad forestal chilena, también erosiona el valor de esas inversiones, afectará directamente los ahorros previsionales y también aumentará el costo de las casas de miles de ciudadanos estadounidenses”, advirtió el representante gremial.
Un socio estratégico para la construcción y protección ambiental
El presidente de Corma explicó que la relación comercial entre ambos países se fortaleció a partir de la decisión de Estados Unidos de proteger los bosques maduros del noroeste del Pacífico en la década de 1990, lo que convirtió a Chile en un proveedor estratégico de madera manejada sustentablemente para la construcción.
Actualmente, dependiendo del tipo de producto, Chile abastece entre un 8% y un 16% de la madera importada utilizada por la industria de la construcción estadounidense. Al respecto, O’Ryan sostuvo que diversos representantes del sector construcción en Estados Unidos han manifestado ante el propio USTR, que el suministro chileno resulta esencial y difícil de reemplazar.
Estándares internacionales
Otro de los ejes centrales de la presentación fue demostrar que la industria forestal chilena opera bajo estrictos estándares internacionales en materia laboral, ambiental y de sostenibilidad.
El dirigente explicó que las principales empresas exportadoras cuentan con certificaciones internacionales de gestión ambiental, salud y seguridad ocupacional (ISO, OHSAS, entre otras), además de certificaciones forestales como FSC y PEFC, las cuales consideran auditorías independientes sobre el cumplimiento de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo aquellos relacionados con la erradicación del trabajo forzoso.
Añadió que muchas empresas del sector desarrollan además programas permanentes de inclusión y equidad de género, fortaleciendo el empleo formal y el trabajo decente.
Impacto para ambos países
Durante su intervención, O’Ryan enfatizó que una medida arancelaria no solo tendría consecuencias para Chile, donde el sector forestal representa el 1,3% del PIB y cerca del 15% de la actividad económica en las principales regiones forestales, sino también para Estados Unidos.
A su juicio, un mayor costo para las importaciones forestales terminaría afectando a la industria de la construcción estadounidense y, en consecuencia, a miles de consumidores.
Asimismo, recordó la estrecha colaboración que existe entre ambos países en materia de combate de incendios forestales, mediante intercambio de brigadas, aeronaves y capacidades técnicas.
“Debilitar nuestro sector también significa debilitar esa cooperación estratégica frente a incendios forestales que hoy representan un desafío común para ambos países”, sostuvo.
Solicitud al USTR
Al finalizar su presentación, el presidente de Corma solicitó formalmente que la industria forestal chilena quede excluida de la eventual aplicación de aranceles y reiteró la disposición del sector para seguir fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control de la cadena de suministro junto a las autoridades estadounidenses.
“Estamos disponibles para trabajar con el USTR y con la Aduana de Estados Unidos en cualquier mecanismo adicional que otorgue aún mayor confianza respecto de la integridad de nuestras cadenas de suministro. Lo que pedimos es preservar una relación comercial construida durante décadas, potenciada por el tratado de libre comercio suscrito hace ya décadas y que nos ha permitido beneficiar a trabajadores, consumidores, inversionistas y medio ambiente de ambos países”, concluyó.